El Grupo Abrisa ha reaccionado con una resuelta exposición de defensa al proyecto de establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, afirmando que esta iniciativa de inversión privada llenó todas las expectativas y requisitos técnicos y legales para su ejecución.
COMUNICADO
A partir de la promulgación del Decreto que aprobó el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, se han publicado una serie de desinformaciones encaminadas a desacreditar públicamente esta iniciativa privada, con la obvia intención de crear una percepción pública negativa sobre nuestro proyecto. Pero una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada.
Para contribuir a la información veraz, el Grupo Abrisa creará una página Web donde colgará todos y cada uno de los documentos técnicos y legales relevantes en los cuales se ha sustentado este proyecto aeroportuario, para que puedan conocer su historia y evaluar, sin manipulaciones ni desinformaciones, sus méritos y aspectos positivos, así como su estricto apego legal, técnico y constitucional.
Se ha querido asimismo estampar a este aeropuerto con el estigma de la corrupción. Un recurso propio de los que no tienen argumentos para rebatir con seriedad y profesionalidad. Síntomas de debilidad jurídica y carencia de fuerza probatoria, pero eficaz para confundir voces y plumas que sí están impregnadas de una vocación sincera de rescatar valores y conductas que esta sociedad anhela.
Es penoso que personas con una trayectoria e integridad reconocidas, hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable y vergonzosa denuncia de corrupción, carente de toda seriedad jurídica, con el único propósito de perpetuar su monopolio y privilegios, a cualquier precio.
Es bochornoso que sea en la opinión interesada de un controlador controlado, que funge como supervisor del IDAC en el Aeropuerto de Punta Cana, que nuestros detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto, desmeritando el amplio y riguroso Informe institucional favorable, preparado y firmado por el universo de todos los departamentos que integran el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que tienen competencia sobre nuestro proyecto. En breves palabras, el supervisor del IDAC está al servicio del supervisado: el Aeropuerto de Punta Cana.
Dentro de esa misma estrategia de confundir a la opinión pública, se ha señalado que nuestro proyecto, por arte de magia, se concibió y aprobó en el periodo de transición. Otra fábula más. Sin contar con todo el trabajo realizado para la preparación previa de los documentos técnicos, financieros y legales de soporte y la compra de los terrenos, que duró más de un año, a partir de la introducción formal de nuestro proyecto a las instituciones públicas competentes el 31 de octubre del 2019, y hasta que fue dictado el decreto de aprobación el 21 de julio de 2020, transcurrieron casi 9 meses de evaluación y obtención de permisos y certificaciones varias.
El Presidente Medina tuvo la prudencia de exigir que todas las evaluaciones y autorizaciones que eran necesarias requerir previamente, fueran cumplidas antes de estampar su firma para aprobar un proyecto de iniciativa privada, sin fondos públicos ni erogación económica de ningún género con cargo al Estado, dentro del marco de su obligación constitucional de propiciar la libertad de empresa, la libre competencia y la igualdad de oportunidades para todos los dominicanos.
En su momento, el actual Aeropuerto de Punta Cana, que nació como un aeródromo, fue aprobado mediante un Oficio dirigido a la empresa propietaria, suscrito por el entonces Señor Presidente de la República, el 9 de noviembre de 1982, mediante el cual le otorgó su no objeción y los beneficios de la Ley No. 153 sobre Promoción e Incentivo Turístico. A partir de esa fecha, dicho aeródromo, luego convertido en aeropuerto, se mantuvo en una suerte de limbo contractual, hasta que casi 18 años después, el 10 de julio del año 2000, suscribió su único contrato con el Estado Dominicano, representado por el Ing. Diandino Peña, casualmente también en el período de transición del gobierno del Presidente Leonel Fernández al del Ing. Hipólito Mejía. El Presidente Mejía, apegado al principio de la continuidad jurídica del Estado, respetó y ejecutó ese contrato.
Como vemos, el Aeropuerto de Punta Cana nació premiado en cuna de oro, porque por efecto del citado Oficio de no objeción de 1982, se le otorgó también los beneficios fiscales de la Ley 153 sobre Promoción e Incentivo Turístico, antecesora del Confotur. Pero su queja pública y oposición a que nuestro aeropuerto recibiera los mismos beneficios, abanderada por SU ASONAHORESY NO LA DE TODOS, nos da la excelente oportunidad de comparar privilegios, beneficios fiscales, regímenes de zonas francas especiales y pagos de impuestos sobre la renta, entre otros.
Resumiendo, el hoy Aeropuerto de Punta Cana se pasó cerca de 18 años, operando y sucesivamente cobrando tarifas a las líneas aéreas y a los pasajeros, con un certificado de nacimiento sustentado en un oficio de no objeción, y ahora resulta que la conformidad y no objeción unánime que otorgó institucionalmente la Comisión Aeroportuaria a nuestro proyecto, seguida de una rigurosa validación de la autoridad aeronáutica, de un decreto del Presidente de la República, y de un contrato formalizado en los mismos términos y condiciones que los demás aeropuertos privados, es un ilícito penal. Fundamento irrisorio que ha servido como excusa para someter y deshonrar a todos sus miembros, varios de los cuales levantaron sus manos durante décadas para apoyar la mayoría de los proyectos sobre los cuales descansa hoy la bonanza económica de ese grupo. Y en ese lapso, no eran corruptos. ¡Qué ironía!
Pero lamentablemente ese proceder ignominioso no parece que cambiará, ellos han apostado al circo y al sensacionalismo mediático, y siguen sus amenazas de continuar desacreditando, denunciando y sometiendo temerariamente a quienes no les sirven, manchando honras que han costado toda una vida forjar. Pero ojo: el daño causado lo repara el que otorga el mandato, no el abogado que lo ejecuta.
El cambio a que aspiramos los dominicanos, no es sólo una consigna coyuntural, es un sentimiento colectivo que también aspira a erradicar los monopolios irritantes de los que se creen merecedores infinitos de esos privilegios, y que como Pizarro, han marcado la raya de su territorio, preñado de oro, como si se tratara de un derecho natural adquirido a perpetuidad.
Esta es la primera de una serie de sucesivas aclaraciones y puntualizaciones que continuaremos haciendo en tiempo oportuno, para darle a la opinión pública, no a la publicada, la oportunidad de conocer la verdad.
Abraham Hazoury
Presidente del Grupo Abrisa
Presidente de Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB S.A.S.
