La   Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas dio a conocer 5 prioridades ambientales que debe asumir el próximo Gobierno en sus primeros días.

En un documento detalla que una de las cinco prioridades es la  “Impunidad cero en asuntos ambientales”.

Explica que hay que sancionar los delitos ambientales tolerados, auspiciados y/o protegidos por las autoridades ambientales; revertir, en lo posible, sus impactos negativos y obligar a los responsables y sus cómplices a asumir las cargas económicas de la mitigación y la compensación a las comunidades y sujetos sociales e individuales afectados. Para ello es preciso iniciar todas las acciones pertinentes ante los tribunales del país.

 La segunda se basa en la “Revocación de las decisiones ilegales”.

Indica que se debe anular todas las autorizaciones, permisos y licencias ambientales otorgadas en violación de la Constitución, las leyes y normas ambientales vigentes y someter ante los tribunales a los funcionarios que prevaricaron, abusaron de su poder, excedieron los límites de sus funciones y/o ignoraron protocolos y procedimientos administrativos establecidos. 5

 La tercera es detener el deterioro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Sostiene que se debe reincorporar de inmediato al sistema nacional de áreas protegidas el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo; eliminar la agricultura intensiva y extensiva, así como la ganadería en los Parques Nacionales de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y los Haitises y enfrentar el conuquismo y tala irregular de árboles en al menos una docena de otras áreas protegidas (como Salto del Limón, Nalga de Maco, Alto Mao, Furnia de Gurabo, etc.); ordenar el cese inmediato de las destrucción de la Reserva Antropológica Cuevas de Pomier y someter ante los tribunales a quienes promueven y/o ejecutan invasión y ocupaciones de otras tantas (como las Dunas de Baní) y la eliminación inmediata de permisos irregulares para proyectos turísticos en Cotubanamá, Boca de Yásica, Pico Diego de Ocampo, entre otros.

La cuarta se basa en la atención prioritaria a la captación de agua y el uso pertinente del territorio.

Dice que  asumir el ordenamiento y la gestión del territorio en función de sus potencialidades reales dando prioridad al agua, blindando las zonas de captación de agua para impedir la expansión de la megaminería hacia zonas de captación y distribución de agua; eliminar las actividades que reducen su incorporación, flujo y función ecológica y social, así como la su contaminación aplicando de inmediato las leyes, normas y disposiciones que prohíben la extracción de agregados de ríos y acuíferos, así como los vertidos no tratados.

Y quinta y última trata del rescate y saneamiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 Implica  rescatar la institucionalidad perdida del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, caracterizado hoy por el descuido, la falta de seguimiento y la apatía por asumir las responsabilidades en la más alta dirección que ha provocado la desarticulación y anulación operativa de sus instancias técnicas, la toma de decisiones al margen de los mecanismos y procedimientos de evaluación, la cancelación de técnicos por opinar en función de sus levantamientos, conocimientos y experiencia. Es preciso proteger a su cuerpo técnico y recuperar a aquellos que han sido separados por defender la integridad y patrimonialidad de los recursos naturales y servicios ambientales.