RD por segundo año consecutivo en “Lista de Vigilancia Nivel 2 de EEUU” por el poco esfuerzo para eliminar la trata de personas
El Gobierno de la República Dominicana no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Estas declaraciones están contenidas en el informe publicado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
Sostiene que los esfuerzos incluyeron la investigación y el procesamiento de más presuntos traficantes; el aumento de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley, incluso con Haití; y la finalización y aplicación de procedimientos operativos estándar para prestar servicios a las víctimas identificadas en las zonas fronterizas.
El Gobierno investigó a tres funcionarios por presunta complicidad en delitos de trata y condenó a un agente de policía cómplice a una pena de prisión significativa.
Señala que el Gobierno también creó una guía sobre la prestación de servicios a los proveedores de refugios y otros servicios, y finalizó e implementó un nuevo Plan Nacional de Acción (PNA) antitrata.
Pero aclara, sin embargo, el Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el periodo del informe anterior.
El Gobierno identificó a menos víctimas; además, de manera sistemática y persistente, no examinó de manera equitativa a las poblaciones vulnerables de migrantes haitianos o indocumentados de ascendencia haitiana ni remitió a las víctimas identificadas a los servicios, y al parecer optó por no perseguir los casos cuando las víctimas eran migrantes haitianos o indocumentados de ascendencia haitiana.
Indica el informe del 2024 que el Gobierno no investigó adecuada o equitativamente los casos de trata laboral ni identificó a las víctimas de trata laboral. “El Gobierno tampoco adoptó el proyecto de enmiendas a la ley contra la trata que eliminaría el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción en los casos de trata sexual que involucran a víctimas menores de edad; no garantizó servicios adecuados para todas las víctimas; no financió adecuadamente los esfuerzos contra la trata; y no proporcionó suficiente capacitación, recursos y tecnología a los funcionarios, especialmente fuera de la capital”.
Por lo tanto, la República Dominicana permaneció en la Lista de Vigilancia de Nivel 2 por segundo año consecutivo. RECOMENDACIONES PRIORITARIAS: Examinar de forma proactiva y sistemática a las poblaciones vulnerables migrantes o indocumentadas y a los dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos los que trabajan en los sectores de la agricultura y la construcción, para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención. *Garantizar la detección sistemática y equitativa de indicadores de trata antes de la deportación. *Enmendar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales que impliquen a víctimas menores de 18 años, en consonancia con el derecho internacional. *Aplicar plenamente la Ley 169-14 para expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos de ascendencia haitiana que cumplan los requisitos, con el fin de reducir la vulnerabilidad a la trata.
*Expedir o renovar los documentos de identidad a las poblaciones migrantes que reúnan los requisitos, incluidos los trabajadores temporales, para reducir la vulnerabilidad a la trata. *Finalizar un PNA para 2025 y años posteriores.
*Mejorar la puntualidad y la precisión de las inspecciones de trabajo y garantizar una investigación coherente del tráfico de mano de obra. *Ampliar el acceso sistemático a la asistencia y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas. *Aumentar el número de traductores, especialmente de Creole haitiano, para ayudar a identificar a las víctimas y remitirlas a los servicios de atención e inspecciones laborales.
*Investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de trata y buscar penas adecuadas para los tratantes condenados, incluidos los funcionarios cómplices, que deberían incluir penas de prisión significativas.