La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) se quejó de lo que califica “represalias adoptadas por las autoridades” que cesan en funciones este domingo, como respuesta a sus denuncias presentadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), por las irregularidades cometidas en la aprobación precipitada de un nuevo aeropuerto en Punta Cana.
Un comunicado de la empresa operadora del Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) revela que primero recibió una notificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 31 de julio, para que en un plazo perentorio de cinco días le suministráramos los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales.
Explica que es un requerimiento normal, “excepto por la coincidencia con los reclamos de investigación ante el PEPCA, a muy pocos días del cambio de gobierno y por el simple hecho de que el último ejercicio fiscal de la CAE, como bien lo sabe la DGII, se cerró el 30 de junio pasado, y de ahí la imposibilidad de que haya sido auditado ya”.
Asegura la CAE, que “no tiene deuda alguna por concepto de impuestos” y asegura aparece en el listado selecto de los principales contribuyentes del país; y nos “honra cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales en la confianza de que así cooperamos con el desarrollo dominicano”.
La otra acción de represalia, relata CAE, la protagoniza la denunciada de la Comisión Aeroportuaria, “que se arrogó facultades que escapan a su competencia para otorgar un “no objeción” al nuevo aeropuerto, “ocultó documentación y aceptó como válido un informe elaborado por un técnico que fue empleado de los promotores del aeropuerto”.
La Comisión presentó el pasado 10 de agosto un acto de “cobro compulsivo de una alegada acreencia de US$38 millones del CAE”, apoyándose en un “decreto derogado en el 2008” Lo hace a una semana del cambio de gobierno y cuando sabe el director que probablemente será despedido en unas pocas horas.
La Comisión alega una deuda con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), usando como base de cálculo montos contenidos en el Decreto 203-03, derogado por el Decreto 655-08 que unificó tanto las tasas aeronáuticas como las tasas aeroportuarias.
“La CAE observa escrupulosamente sus obligaciones económicas y legales sobre seguridad aeroportuaria previstas en la Ley 188-11 sobre la materia, y garantiza que los estándares del Aeropuerto Internacional de Punta Cana se adhieren a las mejores prácticas internacionales y tecnología de punta, como lo atestiguan los diversos premios que hemos recibido”, dice el comunicado, y adelanta que presentará un recurso de reconsideración sobre ese cobro.
La CAE afirma que no “existe un conflicto empresarial” ni rehúye a “la competencia legítima, planteada ya por siete aeropuertos internacionales y uno a 32 millas náuticas en La Romana”, pero le preocupa el componente institucional del proceso y el Estado de Derecho; y asegura “que las represalias confirman” que se trata de una decisión del Poder Ejecutivo para complacer a un grupo empresarial y el Estado de derecho”.
